Santo Domingo, República Dominicana – En un acto sin precedentes, la Procuradora General de la República, magistrada Miriam Germán Brito, realizó la entrega formal de bienes e inmuebles decomisados en procesos de corrupción y otros delitos al Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados en Extinción de Dominio (INCABIDE). Los bienes transferidos tienen un valor que supera los RD$3,242 millones y US$1.4 millones, marcando un hito en la implementación de la Ley 60-23 sobre administración de bienes incautados.
Durante el acto, la magistrada Germán Brito traspasó la custodia de 312 inmuebles, incluyendo:
- 58 apartamentos,
- 18 casas,
- 26 locales comerciales,
- 238 vehículos de alta gama como Lamborghini, BMW y Mercedes Benz,
- 8 millones de pesos en joyas,
- y otras propiedades destacadas, como un hotel, una villa y aeronaves.
La Procuradora destacó que esta acción no solo asegura el cumplimiento de la ley, sino que refuerza una nueva cultura de transparencia en el manejo de bienes recuperados del crimen organizado. “Algo que ha sido producto de un crimen, que pueda servir para construir una cancha o una casa comunitaria, tiene un valor extraordinario”, expresó.
El acto contó con la participación de figuras clave del gobierno, como el ministro de Hacienda, José Manuel Vicente, quien subrayó que la entrega representa un avance hacia una gestión eficiente y transparente. Asimismo, la doctora Milagros Ortiz Bosch, directora general de Ética e Integridad Gubernamental, calificó el evento como un punto de inflexión cultural en la lucha contra la corrupción.
Manuel Oviedo Estrada, director de INCABIDE, resaltó que estos bienes ahora se destinarán al servicio social, consolidando su retorno al Estado. “La transparencia es el eje fundamental de cualquier gestión”, afirmó.
El Ministerio Público también señaló que continúa trabajando para transformar más bienes secuestrados en decomisados, ampliando el impacto de sus acciones en beneficio de la población dominicana.
Esta primera entrega incluye bienes decomisados no solo por corrupción, sino también por delitos como narcotráfico y lavado de activos, reafirmando el compromiso del Ministerio Público con la recuperación del patrimonio público y la construcción de un sistema judicial robusto y ejemplar.
